El asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma, se suma a la seguidilla de crímenes en contra de las autoridades de los últimos meses. Por esta razón, la detención de dos sospechosos en las últimas horas ha sido considerada un gran avance en la investigación del crimen.
Luis Lugo Machado y Ovimarlixion Josué Garcés Briceño, ambos ciudadanos venezolanos, han sido puestos a disposición de la justicia para su formalización y el esclarecimiento de los hechos. Lugo había sido buscado por la policía por cargos de microtráfico y porte de armas en Concepción, mientras que Garcés Briceño tenía una orden de expulsión de 2020 y había ingresado al país por un paso clandestino.

La policía ha logrado ubicar a Garcés Briceño en una casa en calle Nueva Imperial, Quinta Normal, donde se encontró su pasaporte y se le tomaron las huellas. A través de un reconocimiento fotográfico y la comparación de huellas dactilares, se ha podido determinar que el sospechoso estuvo presente en el lugar del crimen, conduciendo el Chevrolet Sonic implicado y portando un arma de fuego.

En cuanto a Lugo Machado, se ha confirmado su participación en el crimen, ya que sus huellas también fueron encontradas en el vehículo utilizado ese día. Las autoridades están determinando el grado de implicación de cada uno de los detenidos en el asesinato de Daniel Palma y si serán acusados como autores, cómplices o encubridores.
Justicia por Daniel Palma
Durante la noche del miércoles 5 de abril, el suboficial Palma fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras intentaba fiscalizar un vehículo en Avenida Matta, ubicada en la comuna de Santiago. Desde ese momento, la policía inició una exhaustiva búsqueda de los individuos en distintos sitios de la ciudad. Hasta el momento, dos sospechosos continúan en fuga, entre ellos se encuentra Carlos Cortez Florez.
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Después de asistir al funeral, el mandatario de la República, Gabriel Boric, informó que se destinarán 1.500 millones de dólares para la seguridad, como parte de un incremento presupuestario en esta materia. El dinero está destinado para que “sumado a los incrementos que ya hemos hecho considerados en el Presupuesto 2023, involucrarán un incremento en torno al 40 por ciento real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad”.